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ASF ordena a ex alcalde devolver 6.9 millones

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Roger Alcocer García y su ex tesorero, Arturo Esquivel Palomo deben devolver el dinero para resarcir el daño patrimonial por cuatro obras que no se realizaron durante su administración municipal.

VALLADOLID.– El ex alcalde de Valladolid, Roger Alcocer García y su ex tesorero, Arturo Esquivel Palomo, fueron notificados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que paguen un monto de $6.9 Millones de Pesos para resarcir el daño patrimonial por cuatro obras que no se realizaron durante su administración municipal.
La notificación señala que el pago se debe comenzar a cubrir en un máximo de 15 días. Las obras que fueron presupuestadas, pero que nunca se realizaron en la administración 2012-2015, fueron una plaza de la jarana, un museo del tren, una biblioteca y la conclusión de una unidad deportiva. La federación sí depositó el dinero, pero las obras no se realizaron.
La sanción se determinó en un proceso administrativo llevado al cabo de manera paralela con la denuncia penal en contra del ex alcalde, de la cual recibió sentencia hace 10 días en el Centro Penal Federal en Mérida, según publicó Diario de Yucatán.
Como se informó, un juez federal sentenció al pago de $3.1 millones al ex alcalde y al ex tesorero, y adicionalmente se le ordenó el pago de más accesorios, como impuestos y recargos, llegando al monto de $5.7 millones, que deberá cubrir en mensualidades a partir de la sentencia.
Coincidentemente, un día después de la sentencia penal les llegó una notificación de la sentencia administrativa que aplicó la ASF.
El Ayuntamiento también recibió la notificación en su calidad de víctima por los recursos que no fueron aplicados en cuatro obras: una plaza de la jarana, un museo del tren, una biblioteca y la conclusión de una unidad deportiva.
De acuerdo con información obtenida, la denuncia penal la interpuso la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante, de Morena, quien en las pasadas audiencias extrañamente dijo no acordarse de la querella.
Sin embargo, la ASF, al hacer una auditoría al municipio, los entonces funcionarios no pudieron acreditar la aplicación de los recursos que se les depositó a una cuenta adicional a las que manejaba la Comuna, supuestamente para la construcción de las obras mencionadas.
Sobre el proceso administrativo que llevaba la ASF, el Ayuntamiento que presidieron Alpha Tavera y Enrique Ayora Sosa sí tenían conocimiento, pero al terminar su administración se llevaron el expediente y no dejaron nada.
Ante esa situación, el Ayuntamiento que ahora encabeza Alfredo Fernández Arceo no tenía conocimiento.
Fernández Arceo se dijo sorprendido el jueves pasado sobre la notificación que le hicieron, pues no tenían conocimiento ese proceso administrativo.
Desde que la ASF tuvo conocimiento del caso mandó a citar en Ciudad de México a los involucrados, Alcocer García y Esquivel Palomo, para que acreditaran la ejecución de las cuatro obras.
Al no hacerlo, se continuó con el proceso administrativo hasta que coincidentemente dio su resolución un día después de la sentencia penal y los notificó para que paguen $6.9 millones más accesorios.
De acuerdo con investigaciones, el rubro del pago más los accesorios significa que deben pagar adicionalmente el 8.8%, sobre el monto reclamado de acuerdo al Banco de México.
Es decir, deben cubrir los 84 meses de interés que duró el proceso, que sobrepasa los $20 millones, lo cual deben cubrir en los próximos 15 días, según se les notificó, de modo que el caso se les complica a los acusados.
En caso de que los sentenciados no paguen el monto reclamado por la ASF, la dependencia federal turnará el caso al Sistema de Administración Tributaria (SAT) porque es un daño a las arcas de la Federación.
De ser así, el SAT dará seguimiento con embargos a los bienes muebles e inmuebles de los sentenciados.
En caso que los acusados hayan transferido alguna propiedad o cuentas a prestanombres o terceros se tomará en cuenta si lo hicieron durante los 84 meses que duró el proceso, entonces se les revocará la trasferencia que hayan puesto a nombre de otras personas para que se les pueda embargar.

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