* A todas luces es un fraude y cuando estalle el problema a nivel local, nacional e internacional afectará gravemente la credibilidad del Estado en la captación de inversiones por la pérdida de confianza, advirtió el diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra

*El INSEJUPY es una entidad burocrática, bajo el compromiso de sólo aplicar en los municipios que no cuenten con catastro, que no fue cumplido

Por José González

El fraude en términos de seguridad jurídica patrimonial y la especulación en los lotes de inversión se ha agravado a partir de 2018, y debido a las numerosas quejas que se han registrado el Congreso del Estado legislará sobre el tema en su próxima sesión extraordinaria.

A todas luces es un fraude, pues se promociona con publicidad engañosa en las redes sociales, se distribuyen por medio de correos electrónicos y aparecen en espectaculares, no solo en el estado de Yucatán sino también en otros estados de la República, sentenció el diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra.

Cuando estalle el problema a nivel local, nacional e internacional afectará gravemente la credibilidad del Estado en la captación de inversiones por la pérdida de confianza.

El coordinador de la fracción priísta afirmó que las autoridades no han cumplido su responsabilidad para regularizar la venta de estas tierras en medio del monte y alejados de comunidades urbanizadas valiéndose del engaño.

Otro tipo de engaño al que recurren es por medio de fotos y maquetas del complejo a futuro, en el que presentan un proyecto con todos los servicios, omitiendo mencionar que no cuentan con las factibilidades para llegar a tener dichos servicios, ni siquiera a largo plazo

Además, las empresas inmobiliarias venden el lote al precio que estiman que costará en el futuro y las propiedades no están escrituradas. Hay que aclarar que esta estafa de algunas empresas inmobiliarias afecta a las que trabajan legalmente y que ya se han ganado la credibilidad por su labor honesta a lo largo de los años

Por eso ya es tiempo de que el Congreso estatal tome cartas en el asunto y legislar sobre el tema para proteger a los inversionistas que compran desconociendo esta realidad, afirmó Quintal Parra.

Las autoridades estatales hacen oídos sordos a esta creciente explotación sin control de la tierra. Los constantes anuncios del Gobernador Vila en sus redes sociales publicitando algunos de estos desarrollos hacen pensar que es dueño o socio de más de una de estas compañías explotadoras de tierra.

Alza catastral

Sobre los aumentos catastrales, Quintal Parra dijo que a casi un año de haber entrado la Ley de Hacienda del Estado, se comprueba el acertado posicionamiento de rechazo que sostuvo la Fracción Legislativa del Revolucionario Institucional en el H. Congreso del Estado

Como se recordará, no sólo aumentó el pago de derechos, también las operaciones inmobiliarias, llámese traslado de dominio por compraventa, donación, herencia, dación en pago, adjudicación por remate, permuta, entre otros

Fueron 5 impuestos, dos son federales, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta, uno estatal que se conoce como Impuesto Cedular y dos municipales, Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles e Impuesto Predial, que tuvo un  incremento de entre un 200 al 300% a los valores catastrales

El Ayuntamiento de Mérida amplió el valor de mercado de las propiedades, sin observar proporcionalidad y equidad, como principios consignados en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal.

         El INSEJUPY, que funge como autoridad fiscal para la revisión y validación de avalúos comerciales que se requieran para las transmisiones de propiedad o bien, tratándose de inscripciones por primera vez en catastro y registro público o para la actualización de la cédula o valor catastral, es en extremo una entidad burocrática, bajo el compromiso de solo aplicar en los municipios que no cuenten con catastro, que no fue cumplido.

 El PRI cuestionó si las técnicas de esta entidad serían del mismo nivel que el de los peritos evaluados, así como atribuciones, estructura y capacidades acordes a esta función; además del aumento en el pago de derechos denotó una falta de sensibilidad y análisis del contexto de recuperación de la pandemia del covid-19 y de la urgente necesidad de fomentar el desarrollo económico; por ejemplo, en el 2018, una Cédula Catastral en el Catastro Estatal costaba $156.00 pesos; en este 2022, 3 años después, el costo es de $377.00.

         Alertamos en el momento oportuno, sobre los perjuicios sociales que esta disposición tendría, sin que fueran atendidas y hoy se tiene certeza de las consecuencias, finalizó el diputado Quintal Parra. (Diario Libertad de Yucatán)