Por Francisco Pérez

El evento histórico es que a pesar del gran daño al patrimonio histórico y cultural de Yucatán y de México y a lo que va a costar su restauración no se va aplicar la ley de responsabilidad de los servidores públicos.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia son responsables ambas instituciones dejaron de hacer su trabajo, en el caso del INAH persigue en Yucatán a los ciudadanos que hacen alguna modificación o mejora sus edificios sin pedirles permiso con multas exorbitantes pero no supervisa el patrimonio histórico que tiene a su cargo, lo cual también los hace responsables porque tienen bajo su resguardo en sus edificios si bien no de forma directa sí de forma indirecta todos los edificios declarados como patrimonio histórico.

Tal vez la comunidad cultural de Yucatán debería interponer las denuncias necesarias ante la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación amplia y se determinen las responsabilidades de los servidores públicos estatales y federales, no olvidemos el patrimonio histórico está protegido por las leyes federales, el silencio de la autoridad local nos dice que ese edificio no se encontraba asegurado, a la vista se ve que no contaba con las medidas para prevenir una catástrofe en este caso un incendio, no cuenta con los sistemas contra incendios, muy probablemente sin los mantenimientos adecuados, tampoco protección civil ha declarado si este edificio contaba con su protocolo de seguridad y sus bitácoras de mantenimiento, lo preocupante es que nadie lo vió sobretodo las autoridades federales y estatales que tienen bajo su cargo la responsabilidad de mantener en condiciones esos edificios y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos que hacen uso de los mismos y los servidores públicos de acuerdo a la ley son responsables por sus actos esto es por hacer o por dejar de hacer.