*La abogada de los ejidatarios, Araceli Andrade, denunció que existe un contubernio de autoridades desde el RAN y el gobierno estatal de Yucatán, cuya corrupción los llevó a alterar documentos oficiales

*Modificaron la asignación de predios y cambiaron sin razón el nombre de algunos de los propietarios de los lotes del ejido de Cosgaya, quienes fueron despojados de las tierras que les pertenecen, y que ahora están en manos de los familiares de la senadora Marybel Villegas Canché.

Por José González
(Primera parte)

A A dos años de iniciada la denuncia por enriquecimiento ilícito contra la senadora con licencia Marybel Villegas Canché, ejidatarios de la comunidad de Cosgaya, en Mérida, Yucatán, exigieron a la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República conocer los avances de la investigación iniciada por el despojo de 35 terrenos a campesinos, mismos que ahora aparecen a nombre del hermano y el esposo de la funcionaria.

Araceli Andrade, abogada de los ejidatarios, explicó en entrevista que la dependencia federal no ha avanzado en las investigaciones de la denuncia que presentó a nombre de los campesinos, quienes desde 2015 fueron despojados de 35 terrenos, que fueron entregados al hermano de Villegas Canché, Javier Raymundo, y de su esposo, Jorge Gilberto Parra Moguel, cuyo valor catastral supera los 5 millones de pesos, aunque su valor comercial alcanza una cifra muy superior.

En 2015, explicó Andrade, desde el gobierno federal de Enrique Peña Nieto se otorgaron a título gratuito -es decir, sin pagar ni un peso por ellos- 35 predios tanto a Parra Moguel como a Javier Raymundo, que eran propiedad de los ejidatarios de la comunidad de Cosgaya, Yucatán, en contubernio con autoridades tanto federales como estatales, incluida una notaria de Yucatán que certificó y dio por bueno el despojo de las tierras, y del Registro Agrario Nacional (RAN), cuyo titular en Yucatán, José Luis Carlos Santos Ramírez, quienes avalaron hasta la falsificación de documentos y firmas.

Aunque la denuncia se presentó en el año 2020, la abogada Andrade denunció que existe un contubernio de autoridades desde el Registro Agrario Nacional y el gobierno estatal de Yucatán, cuya corrupción los llevó incluso a alterar documentos oficiales, para modificar la asignación de predios y cambiar sin razón el nombre de algunos de los propietarios de los lotes del ejido de Cosgaya, quienes fueron despojados de las tierras que les pertenecen, y que ahora están en manos de los familiares de Villegas Canché.

La denuncia 57/2021 se interpuso el 29 de diciembre de 2020, explicó Andrade, en los despachos del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y de la fiscal Anticorrupción, Mónica Mijangos.

En ella se señala como probables responsables además de la senadora Freya Marybel Villegas Canché, también su hermano Javier Raymundo, su esposo Jorge Gilberto Parra Moguel, además del ex presidente Enrique Peña Nieto y el médico veterinario, José Luis Carlos Santos Ramírez, delegado del RAN en Yucatán.

“Los predios a los que hacemos referencia, en un primer momento, porque conforme avanzan las investigaciones, han subido de 21 a 35, hasta ahorita, pero los primeros 21, para que el MP lo entendiera los anexé como una tabla, poniendo los valores catastrales, que es un valor de referencia, no significa para nada el valor comercial de un predio”, resaltó la abogada.

“El propietario eran los Estados Unidos Mexicanos representante por Enrique Peña Nieto, que esta bien, al presidente le corresponde administrar de los bienes de la nación, pero no como propiedad privada”, acusó la abogada.

Usurpación

La abogada indicó que en el contubernio armado por los funcionarios para despojar de sus tierras a los ejidatarios, tuvieron el atrevimiento de reemplazar la lista de propietarios originales de los terrenos, y de modificar incluso el mapa y polígonos de los ejidos, provocando con ello un desorden administrativo y ejidal que ha dejado a los campesinos sin sus tierras.

La abogada Andrade refirió que los familiares de la funcionaria con licencia se hicieron pasar por campesinos, cuando en el Registro Público de Profesiones se confirma que Parra Moguel, su esposo, es abogado e incluso tiene una notaría en Quintana Roo.

Por otro lado, su hermano José Raymundo es contador público, y también se ostentó como productor agrario, a fin de poder beneficiarse indebidamente de los terrenos.

“En el caso de las tierras ejidales se rigen por la Ley Agraria, y (los propietarios) tiene que ser avecindados u originarios del ejido, tienen que ser productores rurales, que se dediquen a esto, porque la intención del ejido es que la tierra sea de quien la trabaja”, indicó.