Por Javier Buenrostro

El pasado domingo la oposición convocó a una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) ante las supuestas embestidas que desde el Gobierno de México se hacen contra el organismo autónomo, pero que en realidad era un catalizador para intentar dejar su huella en el tramo final de la administración de López Obrador.

A pesar de que hubo una convocatoria unificada de la oposición, el quórum no respondió a las expectativas, ya que hubo solo hubo alrededor de 60.000 personas, cantidad que palidece ante las marchas que López Obrador convocaba cuando estaba en la oposición, que después del fraude de 2006 llegaban sin problema a un millón de personas. Claro que esto fue excepcional, pero 100.000 personas podría ser el número que en México se considera significativo para una manifestación política de esta naturaleza.

Al acto, que los organizadores denominaron “en defensa de la democracia”, asistieron varios personajes del bloque opositor que han sido señalados repetidamente por participar en fraudes electorales, como los priistas Roberto Madrazo (que cometió irregularidades hasta en los maratones donde corría), Elba Esther Gordillo, que recientemente salió de la cárcel debido a procesos por lavado de dinero y delincuencia organizada, o hasta el expresidente Vicente Fox, el principal impulsor del fraude del 2006.

Aunque la marcha se pretendió disfrazar de “ciudadana”, quedó de manifiesto la intencionalidad política de cara a la sucesión presidencial de 2024.

El único orador del mitin fue un expresidente del INE, José Woldenberg, tío de Salomón Chertorivski, uno de los políticos principales de la alianza opositora en el Congreso mexicano. Es decir, aunque la marcha se pretendió disfrazar de “ciudadana”, quedó de manifiesto la intencionalidad política de cara a la sucesión presidencial de 2024, dado que la aprobación de López Obrador se mantiene entre 60-70 %, aún después de cuatro años de gobierno.

Pero, ¿qué es lo que se utilizó de pretexto para la movilización? Dos razones principalmente, una, el recorte al presupuesto oneroso del INE para realizar sus funciones. ¡1.250 millones de dólares anuales para una institución que se niega a realizar consultas ciudadanas, so pretexto de que no le alcanza el dinero!

La otra cuestión es la propuesta de una reforma electoral por parte del Ejecutivo. Esta propuesta se debe a que el INE se ha mostrado a lo largo de la historia como una institución aliada del conservadurismo y que convalida el status quo. Un caso grotesco fueron las elecciones de 2006, donde aceptó que hubo “irregularidades”, pero no se atrevió a reconocer el fraude electoral, a la vez que decía que no podía castigar las anomalías.

Más dinero o menos democracia es lo que suele chantajear INE, mostrando que la democracia mexicana es rehén de un grupúsculo de funcionarios que viven fuera de la realidad social.

En fechas recientes, Lorenzo Córdova, el consejero presidente del INE, se ha convertido en un actor político más y ha deja de lado su papel de neutralidad para cargar los dados a favor del bloque opositor cada vez que le es posible, anulando candidaturas de MORENA –el partido político al que pertenece López Obrador– donde lleva ventaja en las elecciones. Con un salario de más de 20.000 dólares mensuales (más prestaciones laborales), se niega a participar en los programas de austeridad republicana, violando la Constitución mexicana.

Más dinero o menos democracia es lo que suele chantajear INE, mostrando que la democracia mexicana es rehén de un grupúsculo de funcionarios que viven fuera de la realidad social. Lorenzo Córdova es un émulo del despótico Luis XIV y nos grita a los mexicanos: “¡la democracia soy yo!”. Es por esto que urge una reforma electoral.

¿Pero cuál es el contenido de la reforma electoral?  Los diez principales puntos son los siguientes:

• El INE cambiaría de nombre a Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), que seguirá siendo autónomo.
• Reducción del número de diputados de 500 a 300, eliminado las diputaciones plurinominales. Lo mismo ocurriría con la cifra de senadores, que pasaría de 128 a 96.
• Eliminación del sistema de distritos y circunscripciones electorales, y que ahora los candidatos sean propuestos y electos por cada entidad federativa mediante listas. 
• Los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serían propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos mediante voto popular.
• Reducción del número de consejeros del INEC de 11 a 7.
• Financiamiento público a partidos políticos solamente para las campañas electorales.
• Reducción a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión.
• Disminución de la participación en una consulta popular de 40 a 33% para que sea vinculante.
• Eliminación de los órganos electorales locales para homologar las normatividades a través del INEC.
• Implementación del voto electrónico. 

En distintas encuestas, incluida una hecha por el propio INE, alrededor de 80 % de la gente apoya la mayoría de los puntos de la reforma electoral, especialmente los relativos a la reducción de presupuesto para el INE y los partidos políticos, o a la disminución de diputados y senadores, mientras que casi el 90 % está a favor de que los consejeros sean elegidos por la ciudadanía y que no sean cuotas de los partidos políticos, como sucede hasta ahora.

Aunque la propuesta representa grandes ahorros y una democratización del organismo encargado de las elecciones en México, necesita ser aprobada por dos terceras partes del Congreso, al tratarse de una reforma constitucional, por lo que es poco probable que eso ocurra.

Es decir, seguiremos teniendo una democracia extremadamente cara y con un árbitro que, en lugar de ser neutral, abiertamente ha tomado partido por el bloque conservador con tal de mantener sus privilegios salariales.