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¡Nuestras casas no se tocan!, protesta contra el libramiento de Progreso

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El pasado 23 de noviembre, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó la presentación del proyecto Libramiento Progreso, un megaproyecto impulsado por la iniciativa privada que, en palabras del gobernador, tenía como objetivo “devolver la tranquilidad que caracteriza al puerto de Progreso a las familias progreseñas”.

Durante la conferencia, también se aseguró que este proyecto estaba sustentado por diversos estudios y que se tenían las opiniones aprobatorias de los vecinos de la zona, pero después del evento, las noticias en las redes dieron a conocer el estatus del tema y las opiniones no dejaban de surgir.

Días después del anuncio de la construcción de esta infraestructura, los vecinos de la calle 82 han mostrado su descontento con la situación, adornando las puertas o ventanas de sus casas con lonas que explícitamente dicen “No al libramiento” y organizándose de manera colectiva con juntas vecinales

¨Nunca vinieron a informarnos”, mencionó Beatriz Domínguez, vecina de la zona quien además afirma que, la cantidad de vehículos que transitan por el lugar no es la misma que mencionan los medios.

José Ramírez, vecino que lleva más de 30 años viviendo en esta calle, reiteró que la circulación de los trailers y camiones de carga no afecta a su tranquilidad ni a la de su familia.

“No piden opinión, yo lo escuché en la televisión que el Gobernador había hablado con el Alcalde de aquí, que ya estaban de acuerdo ellos, pero no nos han dicho nada”, mencionó.

Otra preocupación de sus preocupaciones es saber si los trabajos de construcción podrían dejarlos sin servicios básicos como luz y agua, pues ninguna autoridad ha esclarecido o escuchado sus dudas.

“La mayoría no estamos de acuerdo, pero que podemos hacer si somos pocos porque solo somos los de esta calle, la 82”, expresó el vecino.

A pesar de los carteles que han puesto en sus predios y las reuniones que realizan cada determinado tiempo, los dirigentes de este proyecto no parecen haber entablado diálogo con los habitantes de esta zona, quienes con preocupación, esperan noticias sobre el libramiento elevado mientras sus voces son ignoradas.

Las lonas colocadas como protesta en las casas dice: “No al libramiento en Progreso y nuestras casas no se tocan.Unión de vecinos en defensa de nuestros derechos en la construcción  del víaducto elevado en Progreso”. (Proyecto Libres)

Por David Alpizar Carrillo

Dos días después de su anuncio, el gobierno del estado finalmente reconoce que el libramiento o viaducto elevado de Progreso será de peaje o sea los usuarios pagarán por transitar sobre él, aunque no queda clara la información que dice que se cobrará a la entrada y a la salida, se infiere que los vehículos pagarán cada vez que vayan o salgan del puerto o sea que serán dos cobros por viaje.

Lo que queda claro es que los costos de operación de los usuarios del puerto, tanto directos como indirectos, se verán incrementados.

Claro con solo leer la convocatoria a licitación pública en el DOE ya se sabía que así sería el esquema de recuperación de la inversión, que aunque resulta también en un PPS, vale la pena resaltar que la operación y aprovechamiento de la infraestructura será por parte del concesionario, lo cual da cierta certeza de que no será un caso similar al museo donde toda la carga quedó del lado del gobierno.

El gobierno declara que aún no saben cuánto costará el derecho de tránsito de cada vehículo tanto de ida como de vuelta, lo cual es poco creíble, pues aunque se sabe el número de vehículos que transitan hoy en ambos sentidos, sin ese dato resultaría muy difícil para cualquier empresa interesada en licitar hacer las correspondientes corridas financieras que les permitieran conocer el tiempo de recuperación de la inversión, por lo cual, como licitador del proyecto, el gobierno deberá proporcionar ese dato o al menos una estimación de referencia en las bases del concurso a menos que las empresas se arriesguen a hacer estimaciones temerarias.

Es importante resaltar que el licitador es el gobierno del estado de Yucatán a través del INCAY y por consiguiente será la entidad gubernamental encargada de firmar el PPS (Convenio de Prestación de Servicios) con la empresa ganadora y por consiguiente será el responsable de fijar la tarifa de peaje y en su caso brindar subsidios al concesionario o a los usuarios, si resultara que el monto fijado saque de mercado al puerto de Progreso o lo haga no competitivo.

Es inminente que se requiera la autorización del congreso del estado para que el gobierno estatal o alguna de sus dependencias firme el PPS con el concesionario, lo cual seguramente no representará problema alguno por la ya conocida subordinación de la mayoría de legisladores al ejecutivo independientemente de si las cláusulas no resultarán favorables al interés general.

Finalmente resulta muy llamativo, por no decir sospechoso, que el promovente del proyecto sea el gobierno estatal para darle servicio al puerto que es una infraestructura de jurisdicción federal.

Bueno, pues esperemos gota a gota ir conociendo más del proyecto y a ver en qué momento aparece el conejo de la chistera y se descubre si hay o no hay letras chiquitas que expliquen la totalidad del proyecto y cuáles son todos los “supuestos” que soportan su viabilidad y sustentabilidad

Nota de la redacción:

Como publicamos, el Gobierno del Estado de Yucatán anunció esta mañana la construcción del nuevo Viaducto Elevado de Progreso, el cual sería privado, pues se informó que la obra será licitada y ejecutada por una empresa privada a la que se le concesionará su operación para los próximos 30 años.

El proyecto, de acuerdo con la convocatoria de licitación que se publicó hoy mismo en el Diario Oficial del Gobierno del Estado (Concurso Público GE-INCAY-CONCESION-LP-001-2022), propone una concesión de jurisdicción estatal por 30 años para diseñar, construir, operar, explotar, conservar y mantener el viaducto elevado de «altas especificaciones» Tipo A2, con una longitud de 2.2 kilómetros, que pasará por encima de la calle 82 de Progreso y que comunicará el acceso del Puerto de Altura de Progreso con la carretera federal Mérida-Progreso.

En la publicación dice claramente que la empresas explotará y dará mantenimiento al libramiento por 30 años, lo que deja claro que se cobrará una cuota a los yucatecos por transitar en el víaducto, ni modos que la empresa lo construya y no cobre, así va a recuperar su dinero. Este dato fue escondido por los medios de comunicación

Si bien esta obra se ha intentado realizar en diferentes épocas, el proyecto no se ha concretado debido a que se ha topado con la negativa de la mayoría de los ciudadanos de Progreso, en especial de los vecinos de la calle 82 y alrededores, quienes señalan que resultarán afectados pues a nadie le conviene tener una estructura elevada con el paso de unidades pesadas sobre sus hogares

Por David Alpizar Carrillo

Dos días después de su anuncio, el gobierno del estado finalmente reconoce que el libramiento o viaducto elevado de Progreso será de peaje o sea los usuarios pagarán por transitar sobre él, aunque no queda clara la información que dice que se cobrará a la entrada y a la salida, se infiere que los vehículos pagarán cada vez que vayan o salgan del puerto o sea que serán dos cobros por viaje.

Claro con solo leer la convocatoria a licitación pública en el DOE ya se sabía que así sería el esquema de recuperación de la inversión, que aunque resulta también en un PPS, vale la pena resaltar que la operación y aprovechamiento de la infraestructura será por parte del concesionario, lo cual da cierta certeza de que no será un caso similar al museo donde toda la carga quedó del lado del gobierno.

El gobierno declara que aún no saben cuánto costará el derecho de tránsito de cada vehículo tanto de ida como de vuelta, lo cual es poco creíble, pues aunque se sabe el número de vehículos que transitan hoy en ambos sentidos, sin ese dato resultaría muy difícil para cualquier empresa interesada en licitar hacer las correspondientes corridas financieras que les permitieran conocer el tiempo de recuperación de la inversión, por lo cual, como licitador del proyecto, el gobierno deberá proporcionar ese dato o al menos una estimación de referencia en las bases del concurso a menos que las empresas se arriesguen a hacer estimaciones temerarias.

Es importante resaltar que el licitador es el gobierno del estado de Yucatán a través del INCAY y por consiguiente será la entidad gubernamental encargada de firmar el PPS (Convenio de Prestación de Servicios) con la empresa ganadora y por consiguiente será el responsable de fijar la tarifa de peaje y en su caso brindar subsidios al concesionario o a los usuarios, si resultara que el monto fijado saque de mercado al puerto de Progreso o lo haga no competitivo.

Es inminente que se requiera la autorización del congreso del estado para que el gobierno estatal o alguna de sus dependencias firme el PPS con el concesionario, lo cual seguramente no representará problema alguno por la ya conocida subordinación de la mayoría de legisladores al ejecutivo independientemente de si las cláusulas no resultarán favorables al interés general.

Finalmente resulta muy llamativo, por no decir sospechoso, que el promovente del proyecto sea el gobierno estatal para darle servicio al puerto que es una infraestructura de jurisdicción federal.

Bueno, pues esperemos gota a gota ir conociendo más del proyecto y a ver en qué momento aparece el conejo de la chistera y se descubre si hay o no hay letras chiquitas que expliquen la totalidad del proyecto y cuáles son todos los “supuestos” que soportan su viabilidad y sustentabilidad

Nota de la redacción:

Como publicamos, el Gobierno del Estado de Yucatán anunció la construcción del nuevo Viaducto Elevado de Progreso, el cual sería privado, pues se informó que la obra será licitada y ejecutada por una empresa privada a la que se le concesionará su operación para los próximos 30 años.

El proyecto, de acuerdo con la convocatoria de licitación que se publicó hoy mismo en el Diario Oficial del Gobierno del Estado (Concurso Público GE-INCAY-CONCESION-LP-001-2022), propone una concesión de jurisdicción estatal por 30 años para diseñar, construir, operar, explotar, conservar y mantener el viaducto elevado de «altas especificaciones» Tipo A2, con una longitud de 2.2 kilómetros, que pasará por encima de la calle 82 de Progreso y que comunicará el acceso del Puerto de Altura de Progreso con la carretera federal Mérida-Progreso.

En la publicación dice claramente que la empresas explotará y dará mantenimiento al libramiento por 30 años, lo que deja claro que se cobrará una cuota a los yucatecos por transitar en el víaducto, ni modos que la empresa lo construya y no cobre, así va a recuperar su dinero. Este dato fue escondido por los medios de comunicación

Si bien esta obra se ha intentado realizar en diferentes épocas, el proyecto no se ha concretado debido a que se ha topado con la negativa de la mayoría de los ciudadanos de Progreso, en especial de los vecinos de la calle 82 y alrededores, quienes señalan que resultarán afectados pues a nadie le conviene tener una estructura elevada con el paso de unidades pesadas sobre sus hogare

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