Ayer lunes, el Juzgado Cuarto de Distrito concedió el amparo al Magistrado, José Rubén Ruiz Ramírez, contra el decreto 496/2022 referente a la reforma al Poder Judicial de Yucatán.

Dicha instancia le otorga al togado el derecho adquirido del retiro vitalicio y se le otorgue al momento que decida jubilarse, por lo que invalida los efectos del artículo sexto transitorio de dicha reforma que disponía que sólo se le diera un año de salario tras su retiro sino decidía dejar el cargo en un plazo de seis meses después de ser publicado el decreto.

Este amparo que interpuso el magistrado ante el juzgado del Poder Judicial de la Federación reclama como autoridades responsables al Congreso del Estado, al Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal; a la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra; y al Titular del Diario Oficial del Estado, José Alfonso Lozano Poveda, hermano del presidente del Congreso estatal, Victor Hugo Lozano Poveda.

Este hecho es otro revés para el Ejecutivo y Legislativo del Estado, ya que el pasado 28 de septiembre, el Juzgado Tercero de Distrito otorgó el amparo a la magistrada, Leticia Cobá Magaña, en los mismos términos.

El 28 de abril del presente año, por mayoría de votos del PAN, PRI, PVEM y Nueva Alianza, fue avalada en el Congreso de Yucatán las reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley del Poder Judicial del Estado, para establecer plazos para que los que las magistradas y magistrados en ese momento se puedan retirar del Tribunal Superior de Justicia (TSEY).

Ante esta acción, ocho magistradas y magistrados, incluidos el ex presidente del TSJY, Ricardo Ávila Heredia, optaron por solicitar su retiro vitalicio anticipado para no perder sus derechos adquiridos.

Ahora solo falta la resolución del amparo presentado por la togada, Ingrid Priego Cárdenas.