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RAN y notaria falsificaron documentos para despojar a campesinos de Cosgaya

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*Incluyen a José Luis Carlos Santos Ramírez, delegado del RAN en Yucatán, y a la notario público 33 de Yucatán, Carmen Baltazar Arceo, quien con su sello ha asistido al ejido desde hace mucho tiempo.

*“Hay personas que su predio se lo desaparecieron, no solo los cambiaron de nombre, sino que los modificaron, y el nuevo plano fue falsamente firmado”.

*Ha perjudicado incluso al ayuntamiento de Mérida, pues algunos de los predios que le habían donado durante la asamblea ejidal, ahora aparecen a nombre de la familia de la senadora Marybel Villegas Canché

Por José González
(II y última)

La representante legal de los ejidatarios de Cosgaya, Araceli Andrade, señaló que la ilegal asignación de los terrenos a la senadora Marybel Villegas Canché a través de sus familiares, llegó a tal grado que se reemplazaron documentos oficiales que contienen el listado de beneficiarios originales de los terrenos, derivada del acta de asamblea ejidal del 19 de noviembre de 2013.

“De repente los pobladores empiezan a ir al Registro para ver sus tierras, porque las quieren vender o lo que sea, y se encuentren con que ya no son de ellos, que son de Villegas Canché, de Jorge Parra Moguel y al hacer las investigaciones, encontramos que la lista verdadera fue reemplazada”, dijo.

Al solicitar al Registro copia de la asamblea, agregó, entregan una lista diferente a la original, donde ya empiezan a aparecer Jorge Gilberto Parra Moguel, por ejemplo, en la Manzana 8 Lote 1 y en la Manzana 8 Lote 2, cuando la manzana 8-1 y 8-2 eran de José Alfonso Cab Chi.

“No solo les dieron tierra ilegalmente, sino que les dieron tierra que pertenecía a otras personas”, lamentó.

Esta ilegal sustitución de documentos, abundó, solo se pudo hacer con lo que ella denomina un “concierto” de autoridades, que incluyen a José Luis Carlos Santos Ramírez, delegado del RAN en Yucatán, y a la notario público 33 de Yucatán, Carmen Baltazar Arceo, quien con su sello ha asistido al ejido desde hace mucho tiempo.

“Cual es el delito al que yo de entrada me suscribo: enriquecimiento ilícito, porque rebasa el terreno de la suspicacia, cuando atendemos a los motivos por los que fue creado el sistema nacional anticorrupción, que insistió, se creo para sancionar más severamente las responsabilidades de los servidores públicos”, explicó.

Así, la abogada se dio a la tarea de reunir en un listado el nombre de los propietarios de los 35 predios que ahora aparecen en manos de la familia de Villegas Canché.

“Hay personas que su predio se lo desaparecieron, no solo los cambiaron de nombre, sino que los modificaron, y el nuevo plano fue falsamente firmado; las firmas son diferentes de ejidatarios, como Hermenegildo Cab Chi, además que él ya fue a declarar que esta no es su firma, él no avala esto.
“Lo mismo que José Ángel Jorge Ake, hasta burda la firma; estas dos personas ya declararon ante la fiscalía; imagínese, y saber quién si está coludido y se niega a comparecer, José Fernando Chi Cabrera, el que era el comisario ejidal”, aseveró.

Daño el erario y omisión

Este el despojo de tierras, explicó Andrade, ha perjudicado incluso al ayuntamiento de Mérida, pues algunos de los predios que habían sido donados al ayuntamiento durante la asamblea ejidal mencionada, ahora aparecen a nombre de la familia de Villegas Canché.

La abogada advirtió que ahora, la encargada de la investigación, la ministerio público Susana Cruz Polo, ha aletargado la investigación, sin razón alguna y a pesar de que las pruebas señalan contundentemente el despojo de tierras a los ejidatarios de Cosgaya, convirtiéndose en cómplice del atropello y robo del patrimonio a los ejidatarios.
“Realmente se están acumulando las cosas, hablando de un solo delito se queda corto; (hay complicidad de) autoridades) estatales, federales y particulares.

“El problema es cuando la propia Fiscalía Anticorrupción es corrupta, y ya no nos quiere dar acceso a la carpeta (…) yo he pedido a la Fiscalía Anticorrupción que me dé copia de cómo va el expediente, sin lograrlo”, dijo.

Y es que reveló que aunque la senadora con licencia no aparece como dueña directa de los predios, el hecho de que estén en manos de su hermano y su esposo la obliga a haber declarado la existencia de estos, como parte de su declaración patrimonial.

“Porque la última vez que pude ver el expediente, me consta porque lo vi, las declaraciones patrimoniales de la senadora con licencia no contiene esto, se lo hago ver a los MP”, señaló.

Finalmente, la abogada señaló que es necesario la intervención de instancias más arriba de la propia Fiscalía Anticorrupción, que ha hecho caso omiso a cumplir con la justicia pronta y expedita que debe prodigar a los denunciantes, y con ello, reparar el despojo y daño patrimonial provocado a los ejidatarios.

Ahora, la abogada esperará a que la MP Cruz Polo de respuesta a los ejidatarios para conocer el estatus de la investigación, atendiendo a la petición que se realizó el 6 de agosto, y en caso de no entregarla, deberá formular por escrito la motivación de su negativa, lo que podría derivar en otra omisión.

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