El Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación concedió el amparo de la Magistrada, Leticia del Socorro Cobá Magaña, contra el decreto 496/2022 que abarca la reforma al Poder Judicial de Yucatán.

Dicha instancia le otorga a la magistrada el derecho adquirido del retiro vitalicio y se le otorgue al momento que decida jubilarse, por lo que invalida los efectos del artículo sexto transitorio de dicha reforma que disponía que sólo se le diera un año de salario tras su retiro sino decidía dejar el cargo en un plazo de seis meses después de ser publicado el decreto.

Este amparo que interpuso la togada reclama como autoridades responsables al Congreso del Estado, al Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal; a la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra; y al Titular del Diario Oficial del Estado, José Alfonso Lozano Poveda, hermano del presidente del Congreso estatal, Victor Hugo Lozano Poveda.

La jueza, Karla Domínguez Aguilar, establece en su resolución que estas modificaciones a la Ley, impacta directamente al derecho a la independencia judicial de la quejosa, desde su vertiente de estabilidad e inamovilidad, porque la magistrada fue ratificada en su cargo hasta el 28 de febrero de 2026.

Además, determina que el Congreso estatal y el Gobierno del Estado invadieron la autonomía del Poder Judicial, al someter a sus integrantes a tomar una decisión que afecta su independencia, en perjuicio de sus intereses.

El 28 de abril del presente año, por mayoría de votos del PAN, PRI, PVEM y Nueva Alianza, fue avalada en el Congreso de Yucatán las reformas a la Constitución Política del Estado y a la Ley del Poder Judicial del Estado, para establecer plazos para que los que las magistradas y magistrados en ese momento se puedan retirar del Tribunal Superior de Justicia.

Ante esta acción, ocho magistradas y magistrados, incluidos el ex presidente del TSJY, Ricardo Ávila Heredia, optaron por solicitar su retiro vitalicio anticipado para no perder sus derechos adquiridos. En caso contrario, las togadas, Cobá Magaña e Ingrid Priego Cárdena, así como su homólogo, José Rubén Ruiz Ramírez, presentaron respectivos amparos ante el Poder Judicial de la Federación.

Vale la pena recordar que el pasado 3 de junio del presente año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Congreso de Yucatán y el Poder Ejecutivo del Estado por diversas violaciones del orden constitucional y de derechos humanos, así como el procedimiento legislativo por las reformas al Poder Judicial del Estado.