Por Alejandro López Munguia
I.- Resulta inverosímil ver las imágenes de los elementos de la policía estatal formados y colocados al frente de la marcha a la que convocaron el pasado domingo 20, varias agrupaciones de la sociedad civil (trabajadores del poder judicial y del gobierno del estado, pensionados del Isstey, socios de la Alianza de Camioneros, campesinos, ejidatarios), con el objeto de impedirles el paso y detenerlos literalmente para que no avanzaran en su recorrido. Estas agrupaciones manifestaban su inconformidad con las reformas al Isstey y al poder judicial que el Congreso aprobó con el voto mayoritario del partido oficial y de sus aliados. Era una marcha pacífica y sin agresiones verbales (como se puede observar en los diversos videos que se grabaron en la escena).
II.- La acción policial sin duda significa un acto oprobioso de represión que no debe tolerarse, ni debe pasar de noche principalmente para las autoridades, ni para las demás organizaciones de la sociedad civil, particularmente para las cámaras empresariales, los partidos políticos y las universidades. Se han violado flagrantemente los preceptos de la constitución que establece el derecho al libre tránsito y a la libre manifestación de las ideas.
II.- La acción policial sin duda significa un acto oprobioso de represión que no debe tolerarse, ni debe pasar de noche principalmente para las autoridades, ni para las demás organizaciones de la sociedad civil, particularmente para las cámaras empresariales, los partidos políticos y las universidades. Se han violado flagrantemente los preceptos de la constitución que establece el derecho al libre tránsito y a la libre manifestación de las ideas.
III.- Lo peligroso del hecho, radica en el mensaje que se está enviando a los ciudadanos, pues pareciera que en Yucatán no existe el derecho a protestar, no existe el derecho a marchar, no existe el derecho a no coincidir, no existe el derecho a disentir con el gobierno o con el poder legislativo. Todo eso está prohibido. No es un asunto meramente democrático, sino profundamente constitucional.
IV.- Para alguien en el poder, pudiera parecerle chistoso que varios elementos robustos y de rostro indomable se le plantaran de frente a las mujeres, que con pancartas en mano, caminaban sin violencia y les impidieran dar un paso más al frente. Intimidando e impidiendo un derecho, el de marchar libremente por las calles de la Ciudad de Mérida. Nuestra Constitución, fiel a su estructura democrática y a la tradición liberal que recoge, garantiza el derecho a la libertad de expresión en su artículo 6°, en forma general y en el 7° que establece la libertad de escribir y publicar obras sobre cualquier materia.
V.- No es fácil entender estas acciones policiales en contra de la ciudadanía, pues la democracia en Yucatán, se ha basado fundamentalmente en la protesta. En antaño, el PAN como partido de oposición marchaba libremente por las calles de la Ciudad de Mérida para denunciar al gobierno emanado del PRI, especialmente en la época en la que gobernó, Víctor Cervera Pacheco. Y jamás fue reprimido. El mismo Luis Felipe Saiden Ojeda puede dar testimonio de ello, pues ostentaba el mismo encargo que hoy ostenta. A esa ciudadanía, comandada por el PAN, la policía no la tocaba, ni le impedía marchar, ni le impedía protestar, ni la intimidaba, ni la presionaba, ni siquiera la asustaba.
VI.- Se dice y se dice mucho, que los tiempos han cambiado. ¿Pero, habrán cambiado para ver cómo la policía impide la libre manifestación de las ideas y nadie dice nada?. Pareciera como si la policía del estado hubiera hecho lo correcto, como si estuviera bien justificado su proceder. Ni legal ni democraticamente está bien. Esto no puede estar sucediendo. Los yucatecos no deben dejar pasar este tipo de agresiones a la ciudadanía, porque mañana la cosa sería peor.
VII.- El gobernador no estaba en México cuando esto sucedió. Luego entonces, ¿quién es el responsable?. La respuesta es sencilla, todos lo saben, pero nadie se atreve a poner un correctivo. Nadie tiene derecho a impedir la libre manifestación de los ciudadanos. Nadie. Y en el estado ya van varias veces que se les impide. Eso es una violación a los derechos que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos debieran condenar y abrir una investigación a fondo. Pero es mucho pedirle a esa institución que vive tiempos retrógradas.
VIII.- La violación a los derechos humanos siempre es un tema de Estado. Y sin embargo, en Yucatán hay mucho de ello. Principalmente de los cuerpos policiales en toda la entidad. Y nadie hace nada. Vivimos presumiendo que somos el estado más seguro del país, y que nuestra policía está “bien calificada” hasta por instituciones internacionales, y de todos modos se violan los derechos de la ciudadanía de forma permanente y con total impunidad.
IX.- El silencio que guardan las cámaras empresariales, las organizaciones sindicales, los partidos políticos, las ONG’s, es realmente sorprendente. “Defienden al INE”, pero no defienden el derecho de los ciudadanos a protestar, a manifestarse libre y educadamente. Esta es una situación incongruente, por demás hipócrita, pues gritan una cosa y callan la otra. No hay un gramo de empatía democrática con los ciudadanos. No lo hay.
X.- El Gobernador Mauricio Vila no debe ver a los manifestantes como sus enemigos. Son gente afectada por sus reformas al Isstey y al poder judicial; son yucatecos que tienen familia y que trabajan de manera decente y honrada para contribuir a la activación económica del estado. Cuanto más participan en estas protestas porque quieren ser escuchados y atendidos; en el Congreso fueron ninguneados, despreciados, ignorados y humillados. El pueblo solo necesita que le pasen la mano amigable, no que le asesten el golpe policial.
La neta del planeta.- el gobierno de Mauricio Vila va bien, en términos generales va bien, no necesita un fuego que destruya su legado. ¡Cuántas tragedias comenzaron con una chispa!. La acción policial contra la ciudadanía nunca es saludable para un gobierno. Víctor Cervera nunca usó a la policía para impedir marchas, ni siquiera cuando enfrentó el conflicto por el Desacato. Se puede y se debe gobernar con formas democráticas, rechazando siempre las acciones retrógradas y violatorias a los derechos de la ciudadanía.
